CONGRESO RECUWATT

Durante los días 24 y 25 de marzo se celebró en Mataró el congreso RECUWATT sobre el reciclaje de residuos y energía. En este foro de debate se dieron cita más de 400 profesionales del sector público y privado de nivel internacional donde también participó AMPHOS 21.

Las diferentes ponencias y presentaciones del congreso se agruparon en: el nuevo marco legal en gestión de residuos; cambio climático y la gestión de residuos; la perspectiva europea de la gestión de residuos; las diferentes situaciones europeas; complementariedad de la valorización energética en un sistema de gestión de residuos; valorización energética y sociedad; y valorización energética eficiente.

A lo largo de los dos días se presentaron las diferentes experiencias y visiones, tanto a nivel europeo como estatal, de la valorización energética de los residuos en plantas incineradoras.

En cuanto a las ponencias presentadas hay que destacar la presentación del Sr. Carles Conill (Gerente de la Entidad del Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona) respete la situación existente a la Región Metropolitana de Barcelona donde resulta necesario dar respuesta a las necesidades de gestión finalista de los residuos municipales. Desde hace años que se plantea la posibilidad de implantación de una nueva planta incineradora de residuos pero, de momento, todavía no se ha decidido ni la ubicación de esta instalación ni se ha iniciado la redacción del proyecto por la falta de financiación, actual y previsto para los próximos años, que dificulta el avance en este proyecto. Actualmente se está trabajando en el aprovechamiento de la fracción rechazo para preparar combustibles alternativos.

En cuanto al marco legal, hay que destacar que la nueva Ley de Residuos prestará una atención especial a los proyectos de Prevención para reducir la cantidad de residuos generada. En este sentido, la Sra. Pilar Chiva (Directora del Área de Prevención y Fomento del Reciclaje de la Agencia de Residuos de Cataluña) presentó los ejes de actuación del ARC y los objetivos y resultados logrados hasta el momento en Cataluña.

Entre el resto de ámbitos tratados también destaca la aportación de la gestión de residuos en el cambio climático (a causa, principalmente, de los vertederos) y cómo se podría reducir este efecto: minimizando la aportación de materia orgánica en los vertederos y captando el biogás que se genera.

También destacan las posibilidades que ofrece la valorización energética de los residuos, una vez que estos han sido producidos y que no se pueden reciclar o valorizar materialmente. Además, se expusieron las diferentes técnicas de control de las emisiones en las plantas incineradoras que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente.

En el bloque de valorización energética y sociedad quedó clara la necesidad que tienen estos proyectos de informar y promover la participación de la sociedad interesada (stakeholders) antes de tomar ninguna decisión definitiva al respeto. La falta de comunicación entre técnicos, políticos, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, provoca un rechazo a determinadas instalaciones que en muchos casos está basado en la falta de diálogo.

Como valoración final del congreso se puede concluir que supuso un importante adelanto en cuando a la información y experiencias disponibles en materia de valorización energética de residuos y que la mayoría de los ponentes estaban de acuerdo en incluir y promover esta vía de gestión de residuos dentro del actual modelo de gestión pero, a pesar de esto, tal y como destacó el Profesor Enric Pol, catedrático de Psicología Social y Ambiental de la Universidad de Barcelona, el planteamiento del Congreso resultó deficiente al acoger sólo a voces favorables respecto la valorización energética de los residuos sin permitir exponer sus opiniones a los representantes de organizaciones que se manifiestan en contra, como por ejemplo, las organizaciones ecologistas.

El proceso de emplazamiento del almacén temporal centralizado (ATC) y su centro tecnológico asociado

El 6º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno Español en 2006, da prioridad a la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar el combustible gastado generado por las centrales nucleares del país. El objetivo preliminar era que entrase en funcionamiento en el año 2012. Sin embargo el proceso de ubicación de esta instalación está retardando esta fecha prevista. En total se almacenarían unos 12.800 m3 de residuos durante un periodo de 60 años. El ATC formará parte de una Plataforma Tecnológica que incluiría un Centro Tecnológico en el que se desarrollarán proyectos de investigación en I+D y un Parque Empresarial.

La previsión de inversión total del proyecto es de 700 millones de euros que se financia a partir de un fondo creado específicamente para gestionar los residuos radiactivos. Asimismo, el emplazamiento del ATC conllevará una serie de beneficios socioeconómicos para el desarrollo territorial tanto del municipio que lo acoja, como de las regiones cercanas como la potenciación empleo local o mejoras en infraestructuras municipales.

Para la ubicación del ATC, el pasado mes de diciembre se abrió un proceso a nivel de municipios, en la que todos los ayuntamientos de España tenían opción a presentarse como candidatos a albergar esta instalación. La ubicación del Almacén Temporal Centralizado aún no se ha decidido y durante el proceso, regido por el principio de la voluntariedad, se ha desatado un amplio debate tanto a nivel político como social. En el debate se plantean cuestiones de fondo como el modelo energético o la continuidad de la energía nuclear, aunque independientemente sea necesaria una solución para los residuos que ya existen. Cuestión aparte es la polémica sobre el lugar al que se va a llevar el ATC.

Tras el período de información pública y la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de diciembre de 2009, el proceso de presentación de candidaturas ha finalizado y en estos momentos nueve municipios optan a la instalación: Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Congosto de Valdivia (Palencia), Melgar de Arriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Albalá (Cáceres) y Zarra (Valencia).

La principal problemática que los municipios candidatos encuentran está siendo la oposición que están creando desde plataformas de ciudadanos y de la misma administración autonómica, aun cuando, el proceso cuenta con total legitimidad democrática y los municipios cuentan con el apoyo del gobierno central. Los municipios presentados vislumbran este proyecto como una oportunidad de desarrollo local, ya que la mayoría son municipios pequeños con fuerte decrecimiento demográfico y economía local básica.

A nivel regional, el conflicto continúa. Las comunidades locales colindantes a la candidata se oponen alegando la falta de consenso social y territorial. Asimismo las comunidades que ya cuentan con instalaciones nucleares, plantean que han sido ya demasiado “solidarias” en materia energética del país.

Asociaciones de ciudadanos, como por ejemplo organizaciones ecologistas, coinciden con los gobiernos regionales al denunciar la falta de consenso social y territorial y critican que la construcción del ATC puesto que constituye un pretexto para alargar la vida de las centrales nucleares. Consideran que el principal riesgo es el transporte de estos residuos por lo tanto una solución más factible es la construcción de almacenes individuales cercanos a las centrales.

Los defensores del ATC alegan que se trata de una instalación de características industriales, segura, realizable con tecnología plenamente consolidada disponible desde hace años y sobre la que existe ya una apreciable experiencia en el mundo, en este sentido el proyecto del ATC español está basado en un almacén ya existente en Habog, Holanda.

En estos momentos, tras la publicación de la lista definitiva una Comisión Interministerial está analizando los distintos terrenos e informará qué candidatos son finalmente aptos para albergar el ATC. La Comisión presentará un informe con las ventajas y desventajas de los emplazamientos y será el Gobierno el que decida finalmente su ubicación. Las principales características para valorar la aptitud de los municipios presentados serán: la existencia de centrales nucleares cercanas, estación de tren, espacios naturales, riesgos sísmicos, y la distancia a localidades más importantes.

Beatriz Medina, Consultora de AmphosXX Consulting SL
beatriz.medina@amphos21.com

Consumo sostenible: moda o necesidad

Los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad se están convirtiendo en términos tan cotidianos y manidos que casi nos dejan indiferentes. Actualmente, un simple vistazo a nuestro alrededor nos puede hacer pensar que casi todo es “sostenible”; y la publicidad con un uso abusivo de este término está desvirtuando la valiosa idea original.

Pero mientras los profesionales del marketing exprimen dicho término hasta despojarlo de su significado real, se siguen consolidando iniciativas que para distinguirse de las prácticas tradicionales todavía utilizan el calificativo de “sostenible”. Pero debemos insistir, la idea que subyace tras la palabra sigue siendo plausible y necesaria. No se trata simplemente de una moda pasajera, sino de una necesidad de cambio de paradigma. Quizá podamos prescindir de la palabra pero no del concepto.

Este es el caso del “consumo sostenible”, una tendencia que surge por oposición al consumo desaforado que apenas considera los impactos sociales o ambientales negativos del consumo masivo de bienes. Este consumo tradicional, regido exclusivamente por criterios económicos a corto plazo –si puedo comprarlo, aunque en realidad no lo necesite, lo compro- está siendo sustituido paulatinamente por un consumo más racional y ajustado a nuestras necesidades reales.

Pero vayamos a la base de la cuestión, la definición del término “consumo sostenible”, la cual es fruto de una adaptación del concepto de “desarrollo sostenible” contenido en el Informe Brundtland (1987). Así, se entiende por consumo sostenible “la utilización de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y contribuyen a una mejor calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desechos y contaminantes a lo largo del ciclo vital, sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras".

Esta definición se presta a diferentes interpretaciones en función de lo que se considere sostenible, pero lo que está claro es que, este nuevo concepto de consumo no se limita a un problema de hábitos, ni como fue durante los primeros años, a aspectos estrictamente ambientales asociados casi siempre a la producción, sino que va más allá e incluye un enfoque social.

Actualmente, el concepto “consumo sostenible” integra valores éticos, sociales y ambientales en las formas de consumir, persiguiendo la reducción del uso de recursos naturales, potenciando los sistemas de producción y comercialización más respetuosos con el medio ambiente y las personas, y que generen una menor cantidad de residuos.

La necesidad de un cambio hacia un nuevo modelo de consumo procede del agotamiento del actual modelo económico, basado en la economía de mercado y caracterizado por la comercialización de productos homogéneos con un bajo nivel de diferenciación y por una demanda con altas tasas de crecimiento anual.

Los procesos de abastecimiento de bienes y servicios de este modelo tradicional no tienen suficientemente en cuenta las repercusiones en el medio ambiente y en los habitantes del planeta, hecho que está causando una elevada presión en algunos entornos sociales y ambientales. En casos extremos, estas presiones pueden desembocar o favorecer la aparición de conflictos armados, episodios de hambruna, agotamiento y degradación de los recursos naturales, perdidas en biodiversidad, etc.

De acuerdo con la Declaración oficial de Naciones Unidas con motivo de la Cumbre de la Tierra de 2002 una de “las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados". En este sentido, Naciones Unidas hace un llamamiento a revisar estas modelos insostenibles, recurriendo a modelos de consumo responsable.

Por su parte, la Unión Europea también ha apostado por potenciar políticas de economía de recursos, en un proceso que comenzó en junio de 2001 en el Consejo Europeo de Gotemburgo, al acordar la “Estrategia de la UE para un Desarrollo Sostenible”. El Plan de Acción de esta estrategia, aprobado en 2008, incluye entre sus líneas prioritarias de trabajo una serie de propuestas en consumo y producción sostenibles, que contribuirán a mejorar el comportamiento ambiental de los productos, y favorecerá la demanda de artículos más sostenibles.

En este proceso de cambio, las Administraciones públicas y los gobiernos tienen un doble papel en su rol de promotores del desarrollo e implementación de políticas para el consumo sostenible. Por una parte, al ser uno de los principales consumidores de recursos pueden promover esquemas de consumo sostenible a gran escala, a la vez que consiguen un avance en la reducción de sus costes y en el aumento de la eficiencia. Por otra parte, al ser uno de los principales consumidores de bienes y servicios pueden orientar el mercado hacia productos más sostenibles, mediante, por ejemplo, sus políticas de contratación pública.

Ante esta situación, las administraciones locales y las empresas tanto públicas como privadas están adaptando sus políticas de compra para incluir criterios “verdes”. Algunos de estos requisitos están orientados a la utilización de equipos eficientes desde el punto de vista energético, de consumo de agua y otros recursos materiales, al uso de equipos y vehículos que generen menores emisiones, de materiales que sean reciclables, etc.

En este marco, juegan un papel determinante tanto el consumo responsable, basado en criterios racionales, éticos, solidarios y ecológicos, como el comercio justo, que permite el desarrollo de sociedades menos favorecidas al garantizar que los ingresos de los productores les permiten una subsistencia digna.

Sin duda, el afianzamiento de este nuevo paradigma requiere del liderazgo de la administración que puede predicar con el ejemplo y difundir estas nuevas y buenas prácticas pero, a su vez, requiere de la participación de la sociedad en general, de los productores, distribuidores y, principalmente, de los consumidores que somos quienes decidimos el éxito o fracaso de un determinado producto o servicio en cuestión.